Alberto Acosta, en representación de la comisión del Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza que visitó Bolivia en agosto, entregó a la embajada de Bolivia en Quito, Ecuador, un cuestionario de solicitud de información.
La comisión del tribunal, en la reunió con el ministro de Gobierno, Carlos Romero, el 20 de agosto, acordó enviar por escrito las preguntas.
El cuestionario consta de 30 puntos: cinco referidos a estudios de evaluación de impacto ambiental; tres referidos a deforestación; seis referidos a cultivos de coca; dos sobre población indígena; cinco sobre consulta para el consentimiento libre previo e informado e intangibilidad; dos sobre el caso Chaparina; uno sobre concesiones de exploración petrolera; y seis sobre impactos de una futura carretera y derechos de la Madre Tierra.
El 16 de agosto, con el ingreso al departamento del Beni, un gran número de comunidades arribó a la localidad de Trinidadcito para recibir a la misión del Tribunal, conformado por Alberto Acosta, Shannon Biggs y Enrique Viale.
El grupo de ambientalistas llegó hasta el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) para constatar las denuncias que recibieron el 2017, pero no pudo ingresar al Polígono 7 habitado por colonizadores.
Sobre el caso Chaparina, el Tribunal preguntó si después de 7 años de investigación ya existe “los autores intelectuales y materiales de la represión policial a los marchistas de la octava marcha indígena ocurrida el 25 de septiembre de 2011”.
También preguntó sobre qué sanciones han recibido los autores intelectuales y materiales de la represión de Chaparina y “qué medidas ha asumido el Estado Plurinacional de Bolivia para que no se repita esta grave violación a los derechos humanos”.
