El Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA) advierte tensiones entre los diferentes actores que actualmente habitan la Reserva Forestal Guarayos, y recomienda a los diferentes niveles del Estado prestarle más atención a las acciones económicas productivas de las familias indígenas y campesinas, frente a una creciente expansión por parte de las propiedades privadas y acciones del monocultivo agroinsdustrial.
La directora de la regional Santa Cruz, Gizel Caballero Leiva en entrevista con ANF informó que la Reserva Forestal Guarayos, creada en 1969 bajo el decreto supremo 12268 y el decreto 08660 de 1975, conserva en la mitad de su superficie área boscosa, sin embargo el otro 50% del área ha sufrido la tala de árboles y cumple otro tipo de funciones para el monocultivo agroindustrial y la ganadería.
“La relación es tensa (…). Al margen de ser un área de reserva forestal, los compañeros indígenas guarayos tienen un pedazo de Tierra Comunitaria de Origen (TCO), pero también los empresarios y los campesinos que han migrado de tierras altas se expanden con sus propias actividades”, señaló.
Según la investigadora, los datos estadísticos muestran que sobre las más de 1.1 millón de hectáreas que tiene la reserva, hay muchos intereses económicos y políticos. “Los compañeros dicen que los mapas del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) tiene una información, mientras que la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) tiene otra, esta situación, sin duda, sugiere la necesidad de mayor coordinación entre ambas instancias.
“En términos reales, por lo menos la mitad de la reserva tiene área boscosa, la otra mitad ya ha sido talada o utilizada por pequeños campesinos como efecto de la migración que se da fuertemente desde hace diez años, y con más fuerza en los últimos tres años, y los intereses de empresarios, ya sean ganaderos y agroindustriales que han ido ganando concesión de las áreas y planes de manejo que han cumplido su ciclo”, explicó.
Según la ABT, hasta el 2016, la Reserva Forestal Guarayos era de 1.114.512 hectáreas de las cuales 596.769 has (54%) eran bosques y 274.054 ha (25%) destinadas a diversos usos, que actualmente están ocupadas ilegalmente por empresarios, campesinos, colonos, menonitas, rusos, concesionarios mineros y otros.
“Esta realidad deja en evidencia que no se respetaron las normativas que determinaban únicamente el aprovechamiento forestal bajo planes de manejo y prescripciones especiales para el área”, dijo.
La situación puso en máxima alerta al pueblo indígena Guarayo cuando en diciembre de 2017, el Gobierno y empresarios firmaron un acuerdo con miras a una nueva delimitación de la Reserva Forestal Guarayos, considerando los actuales asentamientos e inversiones efectuadas.
Ante esta intención, dijo que el pueblo indígena Guarayo manifestó su negativa, a través de los pronunciamientos elaborados en asambleas extraordinarias; también el directorio de la Central de Organizaciones de los Pueblos Nativos Guarayos (COPNAG) pidió el respeto a la reserva que forma parte de su territorio ancestral y que ha sido avasallado por diversos actores.
El Gobierno Nacional buscó espacios de negociación con cada uno de los actores involucrados. Fue entonces que la Central de Mujeres Indígenas Guarayas, la COPNAG y los cabildos indígenas, en ejercicio de sus derechos colectivos para una efectiva gestión territorial indígena, demandó seguridad jurídica del área titulada de la TCO y la conclusión de la titulación del total de la superficie demandada equivalente a 2.205.369 hectáreas.
En criterio de la Directora del CIPCA Santa Cruz, tiene sentido prestarle mayor atención a ciertas acciones económicas productivas que implementan algunas familias indígenas y campesinas establecidas en la reserva, porque incorporan componentes de la propuesta económica productiva (PEP) del CIPCA.
“Estamos implementando hace como siete años, sistemas agroforestales; manejo de la ganadería ovina y bovina bajo silvopasturas, piscicultura con el manejo de cuerpos de agua que afortunadamente aún hay, agua dulce y agua limpia; apicultura, todas estas iniciativas que están en manos de los pequeños campesinos y que están siendo encabezadas principalmente por las mujeres, como es la recolección y transformación del cusi, con la utilización de tecnología adecua (moledora eléctrica, prensadora y centrifugadora) que ayuda a disminuir los costos de producción y generar mayor utilidad”, señaló.
Caballero dijo que las mujeres transforman el cusi en jaboncillo, aceite y shampoo, pero se ven obligadas a pedir permiso a los empresarios y hacendados para poder ingresar a las propiedades y recolectar el coco del cusi.
“Estamos hablando de sistemas productivos sostenibles a diferencia de los monocultivos que jalan paquetes tecnológicos agresivos con el medio ambiente; se trata de actividades sobre una hectárea o media hectárea, y no sobre 50 ó 100 hectáreas como los grandes empresarios, no es fácil medir el aporte de estas iniciativas al Producto Interno Bruto porque tienen múltiples variables, además de estar en manos de una población mayoritaria que es indígena y campesina”, aseveró.
ANF
