Los pueblos indígenas poseen “la llave maestra para la recuperación transformadora post-covid-19”, con base en su conciencia colectiva y su cosmovisión, ha planteado la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena.

La funcionaria de las Naciones Unidas dijo en un foro del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (Filac) que “si bien es innegable que en las últimas décadas se ha avanzado en su reconocimiento y derechos colectivos en la región, aún persisten importantes brechas”.

Una brecha fundamental se refiere a la pobreza, pues ya antes de la actual pandemia, en 2019, la tasa de pobreza de las personas indígenas se situó en 46,7 por ciento de su población (45 millones, en 800 pueblos), el doble (2.1 veces) de los índices para la población no indígena.

En la pobreza extrema estaba 17,3 por ciento de la población indígena, el triple (3,1 veces) de la no indígena, en nueve países con información disponible para los cálculos de la Cepal.

Desde el año pasado, dijo Bárcena, la pandemia produjo “impactos diferenciados e interseccionales sobre la realización del derecho a la salud y a la vida de los pueblos indígenas, así como sobre otras dimensiones de sus derechos económicos, sociales, culturales, territoriales y ambientales”.

Esos impactos negativos “repercuten de manera particular en las mujeres indígenas, las y los niños y jóvenes, las personas indígenas mayores y con discapacidad”.

América Latina y el Caribe, recordó Bárcena, es la región más golpeada por la pandemia, porque tiene 8,4 por ciento de la población mundial pero contabiliza 32,5 por ciento de las muertes por la covid.

La región enfrenta una profunda asimetría frente al mundo desarrollado, especialmente en el acceso a las vacunas y los impactos del cambio climático, y los pueblos indígenas padecen las desigualdades estructurales, la discriminación y el racismo, con mayor vulnerabilidad ante la covid y los impactos de la crisis.

Por ejemplo, ya antes de la pandemia, entre 2015 y 2019, la Cepal identificó 1223 conflictos en 13 países, derivados de la afectación de los derechos territoriales de los pueblos indígenas y asociados a industrias extractivas, entre ellos, la minería, hidrocarburos, energía y los monocultivos.

Casi dos tercios de ellos (63,7 por ciento) se originaron por la minería (43,5 por ciento) y los hidrocarburos (20,2 por ciento), y “la expresión más dramática de la vulneración de sus derechos es el asesinato de defensores de la vida y los territorios de los pueblos indígenas”.

Entre 2015 y el primer semestre de 2019, 232 líderes y comuneros indígenas fueron asesinados en el marco de los conflictos territoriales, gran parte de ellos asociados a la industria extractiva.

“Esto significa que, en promedio, cuatro defensores indígenas son asesinados cada mes en América Latina. Esto es grave”, afirmó Bárcena.

Por ello “es crucial reafirmar la centralidad de los derechos de los pueblos indígenas, cuyos estándares han sido consagrados en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y otros instrumentos internacionales de derechos humanos”, agregó la responsable de la Cepal.

Insistió en que “es fundamental que las políticas de recuperación hagan hincapié en los derechos colectivos de estos pueblos”.

Los “ejes articuladores” de esa recuperación deben ser “la participación y la consulta con miras a obtener el consentimiento libre, previo e informado para toda medida que los afecte, incluyendo la participación de las mujeres y jóvenes indígenas”.

Para Myrna Cunningham, presidenta de Filac, aunque muchos países han reconocido sus derechos, “es momento de pasar de un esquema que amplíe la participación de los pueblos indígenas dentro de los países y en el escenario internacional”.

Se precisa “un nuevo contrato social”, según Cunningham, con “un cambio profundo en el modelo económico y social actual”, para “pasar de un modelo de explotación, destrucción y desigualdad a otro donde predomine la convivencia, el respeto por la Madre Tierra y la solidaridad”.

Ese nuevo contrato social debe incluir “la filosofía de los pueblos indígenas, que instalan un modo distinto de relaciones entre hombres y mujeres y con la naturaleza, bajo el paradigma del buen vivir”, dijo por su parte la académica mapuche Elisa Loncón, presidenta de la Convención Constitucional de Chile.

Y el venezolano Gregorio Díaz Mirabal, de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, afirmó que “si queremos lograr la transición a una economía distinta, que respete y mantenga la selva intacta viva para toda la humanidad, es necesario el diálogo con voluntad, con respeto y con dignidad”.

Por: IPS Noticias

Foto: FILAC