Luego de los acuerdos entre el gobierno de Luís Arce Catacora y los cooperativistas mineros, desde la sociedad civil se calificó como irresponsable, abusivo e inconstitucional los convenios alcanzados, por la modificación de Planes de Manejo y re zonificación de Áreas Protegidas Nacionales para la minería, lo que para varias instituciones representa un potencial desastre para la conservación de la biodiversidad y el equilibrio ecosistémico, además de impulsar el genocidio de los pueblos indígenas ya afectados por la minería y un gran atentado a la salud pública de las y los bolivianos.
Por su parte, el gobierno boliviano negó que el acuerdo firmado con mineros auríferos permita la explotación en áreas protegidas como el Madidi. El Ministerio de Medio Ambiente y Agua emitió un comunicado en el que aseguran que el acta firmada el pasado miércoles «se enmarca en la normativa ambiental vigente, motivo por el cual no autoriza el ingreso de actividades mineras en las áreas protegidas».
La nota recuerda que los derechos mineros preconstituidos están reconocidos por la Constitución boliviana y deben adecuarse a la normativa ambiental vigente.
También indica que «las actividades mineras que se desarrollan» en las áreas protegidas Madidi, Apolobamba y Cotapata «deberán regirse por estas normas ambientales».
A pesar de estas afirmaciones, la sociedad civil boliviana se encuentra movilizada en rechazo a las mayores facilidades brindadas a la extracción de oro en la Amazonía. Recordemos que según investigaciones recientes la contaminación por el mercurio que se usa en la explotación de oro no solo se registra en las aguas y peces de los ríos amazónicos, sino también en los cuerpos de indígenas que viven y aprovechan los recursos de estos ríos
A propósito del tema, en nuestro especial de fin de semana conversamos con Miriam Pariamo, vicepresidenta de la Confederación de Mujeres Indígenas de Bolivia, Cnamib, y Jorge Campanini del Centro de Documentación e Información Bolivia, CEDIB.
Escuche el especial completo.
