Rita Hurtado de la Asociación de apoyo a Familiares de Víctimas de Trata y Tráfico, dijo que estos espacios son importantes para interactuar con las autoridades y demandar acciones en la búsqueda de sus familiares.
De hecho la activista, que tiene a una hija desaparecida, aseguró que “no vemos acciones” de parte de las autoridades. Si bien necesitamos apoyo en la parte jurídica, lo que más necesitamos es la búsqueda de nuestras hijas, apuntó.
Hurtado aseguró que sus hijas desaparecidas no se encuentran en Bolivia y son muchas las familias que sobreviven sin una respuesta sobre su paradero.
Por su parte, Diego Rivero, técnico del área de Trata y Tráfico del Ministerio de Justicia, reconoció que la normativa les permite solicitar recursos para las investigaciones, lo que falta es que las instancias pertinentes hagan los requerimientos. Habló también de que se buscará mayor coordinación con las personas afectadas por la desaparición de sus familiares.
Según datos del Viceministerio de Justicia, solo en la gestión 2016 el Ministerio Público registró 701 casos de trata y tráfico de personas. El mayor número de denuncias fueron hechas en La Paz con 389 y en segundo lugar se encuentra Santa Cruz con 100 casos denunciados.
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Foto: Archivo ASAFAVITTP