La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Defensoría del Pueblo de Bolivia informaron que en casi un mes de protestas en Bolivia se registraron 23 personas fallecidas y 715 heridos. Entre los heridos se cuentan a ocho periodistas.

La CIDH informó, mediante su cuenta de Twitter, que desde el inicio de la crisis institucional y política se reportaron 23 muertos y 715 heridos. Dichas cifras se contabilizan entre el 23 de octubre y el 16 de noviembre y son las mismas que maneja la Defensoría del Pueblo.

Según los datos de la Defensoría, los 19 fallecidos son hombres y fueron identificados, mientras que los restantes cuatro aún no fueron identificados.

En tanto, la institución precisó que los heridos alcanzan a 715, de los cuales 631 son hombres y 84 mujeres.

De acuerdo con el reporte de la Defensoría del Pueblo, los heridos por civiles suman 659 y por la Policía 56. En tanto, en dicho periodo se detuvieron 1.112 personas y en la actualidad existen 50 detenidos.

Tras las elecciones generales, el 23 de octubre se iniciaron protestas de vecinos y ciudadanos en la mayor parte de las regiones del país en rechazo a las denuncias de fraude electoral y en defensa del voto. No obstante, en ese periodo se registraron enfrentamientos entre vecinos y manifestantes que acataban el paro y seguidores del Movimiento Al Socialismo (MAS) que terminaron en la muerte de varias personas y decenas de heridos.

En tanto, el 10 de noviembre el equipo de la OEA enviado a Bolivia para realizar la auditoría de la votación de los comicios dio a conocer su informe preliminar en el que estableció que en los cuatro elementos revisados (tecnología, cadena de custodia, integridad de las actas y proyecciones estadísticas) se hallaron “irregularidades” que varían desde muy graves hasta indicativas.

Ante esto, la misión cuestionó los resultados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que dieron la victoria a Evo Morales en primera vuelta, con el 47,08% de los votos, y afirmó que no los puede validar, por lo que recomendó convocar a nuevas elecciones.

Con dicho informe, la presión social aumentó y el presidente Morales tuvo que renunciar y aceptar el asilo ofrecido por el Gobierno de México. Ante esto, la senadora Jeanine Añez asumió la Presidencia aplicando la “sucesión constitucional” y concluyó el paro cívico.

No obstante, los adeptos del oficialismo se levantaron en rechazo a la renuncia de Morales y el gobierno de transición de Añez y se registraron conflictos en La Paz, El Alto, Cochabamba, Santa Cruz y otras regiones. Producto de esto, se registraron enfrentamientos entre los manifestantes, policías y militares en la que fallecieron vecinos y cocaleros, así como decenas de heridos.

El viernes, se registró un enfrentamiento entre cocaleros, policías y militares que se apostaron en un extremo del puente Huayllani para evitar que los movilizados, que rechazan el gobierno de Añez y demandan el retorno de Morales, pasen a la urbe cochabambina.

Producto del hecho, el representante de la Defensoría del Pueblo en Cochabamba, Nelson Cox, confirmó la muerte de nueve cocaleros producto de los enfrentamientos ocurridos en el municipio de Sacaba.

La CIDH también precisó que durante esos enfrentamientos en el municipio de Sacaba se reportaron 122 heridos.

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