Los pueblos indígenas de diferentes puntos del país, presentaron a la Asamblea Legislativa Plurinacional y a la Presidencia del Estado, una serie de documentos elaborados en consenso con los diferentes sectores, en los cuales piden elaborar decretos supremos para abrogar las normas que causaron los incendios en la Chiquitania el 2019.
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El pedido plantea la abrogación de la Ley N° 1171 de Uso y Manejo Racional de Quemas que definió los lineamientos de una política de manejo integral del fuego en el territorio nacional; así como un régimen de sanciones administrativas por quemas sin autorización, además de un período excepcional de regularización en el pago de deudas y multas por quemas sin autorización; dejando como responsable al Ministerio de Medio Ambiente y Agua para elaborar las políticas correspondientes.
También la abrogación de la Ley Nº 741 de Autorización de Desmonte hasta 20 hectáreas para pequeñas propiedades y propiedades comunitarias o colectivas para actividades agrícolas y pecuarias, que permitió la realización de chaqueos y quemas de hasta 20 hectáreas por familia en tierras de producción forestal permanente, sin realizar planes previos de ordenamiento predial, ni pagar por la madera aprovechada proveniente de los desmontes
El Tribunal Internacional de Derecho de la Naturaleza tiene prevista una visita para el 15 de marzo donde se reunirá con las organizaciones indígenas.
Datos
Según los datos reportados por la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN), entre agosto y la segunda semana de septiembre, 4.1 millones de hectáreas de la superficie nacional fueron afectadas por los incendios, de las cuales 1.4 corresponden a áreas de bosques; asimismo, alrededor de 3 millones (74,5%) corresponden a Santa Cruz, y 879.441 hectáreas a Beni; mientras que 27 territorios indígenas entre Chiquitanos, Ayoreos, Guarayos, Cayubaba, Baures, Sirionó y Araona fueron afectados, según información del CEJIS, el Centro de Planificación Territorial Autonómica y Oré.
Foto: ABI