La Casa de la Mujer y la Plataforma de lucha contra la Violencia, junto a promotoras comunitarias y activistas independientes, se declararon hoy en alerta y repudiaron «la vulneración a la ley 348, la vulneración al correcto acceso a la justicia y por ende, la vulneración de los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres».

Para el movimiento de mujeres la investigación, atención, sanción y reparación del daños, se llevan a cabo con sesgos de género, sin tener en cuenta los Estándares Internacionales de la Debida Diligencia, socapando en muchos casos la impunidad de los agresores.

Según señala un documento, es repudiable la cultura machista patriarcal instaurada en el sistema de justicia que forma parte de la Ruta de Atención a Mujeres en Situación de Violencia, la misma que refuerza los sesgos de género y la impunidad a los agresores.

Por lo que exigen que las autoridades y los servidores públicos de todo el sistema de justicia, investiguen, atiendan, sancionen con perspectiva de género tal como lo establece el Bloque de Constitucionalidad y nuestras leyes bolivianas en aras de garantizar los derechos de las víctimas y su dignidad; un trato diferencial para las víctimas de violencia y que en ese mismo lineamiento analicen los hechos y las pruebas en base al contexto y la verdad material; la no revictimización de las víctimas en todos los procesos; que las autoridades efectúen un análisis rígido sobre las actuaciones de quien presuntamente comete la violencia y que analicen las relaciones de poder que afectan la dignidad y autonomía de las mujeres.

Las mujeres demandantes se mantendremos alertas, patrocinando procesos, denunciando a las autoridades que no cumplan con la normativa nacional e internacional y haciendo vigilancia social contra las entidades encargadas de impartir justicia.

Finalmente, demandan la intervención inmediata para el control del Ministerio de Justicia, del Servicio Plurinacional de la Mujer y de la Despatriarcalización, del Ministerio de Gobierno, del Tribunal Supremo de Justicia, del Consejo de la Magistratura, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de todos los entes que forman parte de la justicia y la No corrupción y transparencia.

En un documento enumeran los siguientes casos para ilustrar su denuncia, se trata de algunos de los casos a los que hacen seguimiento:

Una adolescente que en legítima defensa acabó con la vida de su padrastro por defenderse de la violencia sexual que sufría, ella fue sentenciada por homicidio como adolescente con responsabilidad penal.

Unas niñas huérfanas que fueron agredidas sexualmente por Claudio Américo Caiguara, son puestas en tela de juicio por la corrupción del sistema de justicia, mientras el acusado Caiguara goza de libertad y de la defensa de una Juez del Tribunal 12avo de Sentencia Penal.

Una mujer que busca justicia desde el año 2013, quien – como una de las tantas pruebas – tiene un certificado forense con 100 días de impedimento, delito que fue tipificado por violencia familiar cuando lo correcto era tentativa de feminicidio, lamentablemente ella después 8 años sigue peregrinando por las chicanerias del abogado del acusado Víctor Hugo Maldonado Ríos y la justicia lo permite.

Una niña que fue agredida sexualmente a los 5 añitos por el portero de su colegio en el mismo establecimiento, este portero – según datos – tenia 3 denuncias por parte de tres víctimas diferentes. Sin embargo a las autoridades se les dio por cuestionar el hecho dictando resolución conclusiva de sobreseimiento, el mismo que fue revocado por el Fiscal Departamental de aquel entonces y hoy el portero es acusado de Abuso Sexual, empero goza de libertad.

Una adolescente que fue violentada sexualmente en una escuela de baile por parte de sus profesores de danza, hoy 9 son los acusados y gozan de libertad.

Una joven que fue violada, hoy se niega a realizar sus terapias puesto que se encuentra afectada por la psicóloga forense quien la trató de mentirosa – esto – mientras la profesional le tomaba los test, chateaba en su celular y tenía dos víctimas en la oficina.

Una joven enfermera que fue agredida sexualmente en un centro médico, hoy es cuestionada por el fiscal, burlada por la policía, ¡no le creen! y el agresor médico se defiende en libertad.

Una joven con discapacidad física que tiene a su agresor libre pues es sobrino de fiscal.

Una familia que no puede dormir porque el agresor sexual de su hija camina por las calles libremente pues es hijito de pastores pero al juez cautelar – garantista – le pareció que no existía peligro.

Vea la conferencia de prensa: