El pasado 26 de octubre fue una fecha nefasta para los pueblos indígenas de la región amazónica de Bolivia, el gobierno y los cooperativistas mineros firmaron un acuerdo que autorizó la explotación minera en diferentes ríos amazónicos. Un convenio que contará con el impuesto del 4.8% aplicado sobre el valor bruto de la venta de este oro aluvial.
La explotación de este mineral nunca ha sido del agrado para los pueblos indígenas y campesinos de la zona, pues esta práctica afecta al medioambiente en gran medida. En concreto, la realización del dragado, al buscar el material provoca el movimiento de grandes cantidades de tierra en el fondo de los ríos, una actividad que provoca que el suelo se mueva, se desbarranque y se pierdan los sembradíos, provocando el destrozo de la forma de subsistir de estas comunidades indígenas asentadas en las orillas de los ríos.
«Ayúdennos a defender el aire, el agua, porque sin esto no hay vida» reclamó Miriam Pariamo, vicepresidenta de CNAMIB ante esta situación. «Lamentablemente son los pueblos indígenas quienes sufren las consecuencias por el daño al medioambiente y a nuestra salud» explicó, ya que son estas comunidades quienes «utilizan el agua y consumen el pescado de estos ríos amazónicos contaminados por el excesivo mercurio que usan para explotar el oro».
La vicepresidenta afirmó que «ya hay personas contaminadas en las comunidades» y concluyó añadiendo que «la explotación minera es tan peligrosa y dañina como el narcotráfico».
Según fuentes gubernamentales el sector minero exporta su producción por valor de más de 2.123 millones de dólares, sin embargo, solo tributarán 4,8% al Estado. Un negocio rentable para quienes se dedican a este rubro, que cuentan además con un arancel cero en la importación de bienes de capital en este sector y, como es norma en Bolivia, el subsidio en el diésel utilizado.
Escucha las declaraciones de Miriam Pariamo en esta conversación con Nils Vásquez:
