Un primer elemento para hablar del acceso de las mujeres a la tierra y el territorio es la Convención para la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer (CEDAW), convertida en la ley 1100 que data de 1989 en Bolivia, destacó la investigadora del Instituto Para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS), Ruth Bautista Durán.
Justamente, nuestro más reciente espacio en radio Santa Cruz, dedicado al tema tierra tuvo como eje los indicadores de género en el tema agrario y territorial. En ese marco, Bautista aseguró que la convención ha sido considerada desde la Ley INRA de 1996 y profundizada en la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria del 2006, destacando que esta normativa contempla “el estado civil de las mujeres rurales respecto a su acceso a la tierra, el hecho de que la política agraria debe registrar en primer lugar el nombre de las mujeres en los títulos agrarios y esa es la principal expresión de la transversalización de la equidad de género”.
En la práctica el INRA entrega datos generales positivos respecto al acceso de las mujeres a la tierra, indicó la investigadora. “Tenemos casi una cuestión equitativa en el acceso a la tierra, con 47% de la tierra saneada en manos de mujeres, sin embargo, esos datos son difíciles de cualificar”, advierte Bautista.
Para la experta, si bien el poco acceso de la mujer a la propiedad de la tierra, a partir de la CEDAW, fue considerado como una forma de violencia, no existen indicadores que grafiquen cuánto se ha avanzado en la reducción de la violencia contra la mujer rural a partir de acceso a la tierra, indicadores que no deben ser solamente cuantitativos, sino también cualitativos.
Para Ruth Bautista Durán uno de los desafíos centrales es implementar “encuestas específicas sobre cuestiones de género con datos desagregados, susceptibles de actualizarse a nivel nacional y subnacional”, esto con la finalidad de tener herramientas que permitan en la práctica medir los avances reales en las políticas de equidad de género.
Finalmente, la investigadora dijo que, dado que la política del saneamiento y titulación de tierras se ha construido en los años 90, hay que reconocer que las características de la población rural se han transformado sustancialmente, actualmente existe mucha movilidad entre el campo y la ciudad, el concepto de la doble residencia y las hipótesis del éxodo del campo, se están “agotando” por lo tanto las instituciones deben estar dispuestas a actualizar sus herramientas para mostrar los avances en el tema de derechos.
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Imagen ONU Hábitat
Dato: El Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS) en articulación con Fundación IRFA, ha diseñado una serie de entrevistas y recolección de preguntas y percepciones desde la opinión pública, que permitirán debatir sobre el tema agrario, pero también se procurará que el trabajo del proyecto responda a las expectativas que manifiesten los oyentes interesados en la materia. Le invitamos a aportar a esta investigación haciendo consultas y comentarios en las redes sociales de Fundación IRFA, Radio Santa Cruz y el IPDRS.
Por: Julio Rodríguez Barrancos