Pobladores de cuatro municipios de la provincia de Vallegrande y comunidades guaraníes del Chaco cruceño rechazaron la propuesta del presidente Evo Morales, de llamar a un referéndum para decidir la ejecución del proyecto Múltiple Río Grande Rositas, por considerarlo poco creíble. Exigieron además la consulta de buena fe a las comunidades que resultaren afectadas.
Durante una conferencia de prensa, las dirigentes campesinas Mayda Peña y Mogenes Flores denunciaron la intención de matar la zona núcleo de Rositas, para dar lugar a grandes represas que afectarán varias comunidades y obligarán a los pobladores a trasladarse a otros lugares. “ Desde hoy comienza la resistencia. Como vivientes queremos quedarnos en nuestras comunidades y no vamos a permitir que nos saquen y nos lleven a otro lugar”, afirmó una de ellas.
El presidente Evo Morales dijo que por culpa de algunas familias y algunos grupos se postergan grandes proyectos. “¿Por qué no preguntar al departamentos si se ejecuta o no se ejecuta? (…) Se estima instalar ocho plantas hidroeléctricas”, dijo en una reciente presentación en Santa Cruz, en alusión al proyecto hidroeléctrico Rositas en el río Grande.Sin embargo, el mandatario no respetó los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016 y se repostuló al cuarto mandato.
De acuerdo a la ficha ambiental del proyecto hidroeléctrico Rositas emitida por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), la estimación de afectación de inundación de 45 mil hectáreas supera las 59 mil hectáreas e involucra a dos provincias de Santa Cruz y una de Chuquisaca.
La guaraní, Lourdes Miranda dijo que no se tiene ninguna garantía, ni se tienen credibilidad por un referéndum.”Nunca se cumplen los resultados y para el caso de Rositas lo que corresponde es una consulta previa, libre, informada y sobre todo de buena fe a las comunidades que resulten afectadas y no a todo el departamento de Santa Cruz”, señaló.
“Es un gran sistema que se afectará, estamos hablando de 28.500 hectáreas de deforestación aguas arriba y aguas abajo”, señaló.
El presidente del Comité de Defensa de Tierra y Territorio de Rositas, José Luis Sandoval, afirmó que no se justifica la inversión de $us 1.300 millones para ejecutar un proyecto hidroeléctrico que no será rentable, pues las estimaciones de venta oscilan en $us 74 por megavatio hora, donde actualmente las distribuidoras cobran $us 39 por megavatio horas. “Están emplazando una zona sísmica y se ha subestimado los costos de producción por ENDE”, dijo.
Por su parte, el representante de los propietarios privados de la provincia Cordillera, Benigno Barrientos dijo que 600 familias que resultarán afectadas del sector ganadero con el proyecto hidroeléctrico nunca fueron respondidas en sus consultas por ENDE, instancia que en su criterio no actúa con transparencia.
Afectaciones socioambientales
En junio de 2017 la empresa española con capitales chinos Eptisa presentó a ENDE el informe de diseño final de la central hidroeléctrica Rositas, según documento hecho público por la Fundación Solón.
Según el documento, luego de construir la central hidroeléctrica de Rositas se construirían las centrales de Cañahuecal y La Pesca, a las que luego se sumarían otras cuatro represas sobre el Río Grande, en una zona con una ocurrencia actual de sismos en el grado cuatro (4°). Solo Rositas, como primera represa afectará a 23 comunidades e inundará 10 de éstas.
A pesar de desmontarse 28.512 hectáreas de bosques de la zona de inundación en cuatro años, no se garantiza que las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) producidos por la represa disminuyan; mucho pero, se afectará el 6,95% de la superficie de tres áreas protegidas (AP).
Los impactos más críticos en la fauna tienen que ver con la afectación de al menos 22 especies de peces que ya no podrán migrar aguas arriba, ni alimentarse ni reproducirse debidamente.
El estudio a diseño final, estima que Rositas afectará a 23 comunidades, de las cuales 10 serán inundadas. Las comunidades -llamadas “asentamientos humanos”- que se encuentran dentro el Área de Influencia Directa (AID) y que serán directamente afectadas por el embalse serían 10; mientras que los predios de un total de 23 comunidades serán afectadas por todo el proyecto.
El desmonte alcanzaría a 28.512 hectáreas del bosque seco boliviano-tucumano transicional (50%) y del bosque chiquitano transicional (41%).
Durante los cuatro años que se estima dure el desmonte, se cuantificó la extracción de una biomasa de 6.8 toneladas que será dispuesta como madera en venta y/o como leña. Las especies maderables ubicadas en el área de desmonte son 13 y dentro de éstas las de mayor valor comercial son: cuchi, curupaú, jichituriqui, momoqui, soto, tajibo y verdolago.
El estudio advierte que ni desmontando el 90% de los bosques se reducirán los gases de efecto invernadero (GEI) producidos por la represa.
Eptisa estimó la producción de GEI desde el embalse, sobre todo como consecuencia de la descomposición de la biomasa. Su principal conclusión es que existen “varios elementos de incertidumbre”.
También se alerta de la afectación del 6,95% de la superficie de tres áreas protegidas como son el Parque Nacional Área Natural de Manejo Integrado Serranía del Iñao, el Área Natural de Manejo Integrado Río Grande – Valles Cruceños y la Reserva Municipal de Parabanó.
ANF
Escuche la nota de Mariela López sobre este tema.
