En dicha sesión, se recordó que los megaincendios de 2019 fueron el detonante que movilizó masivamente a la población boliviana, en rechazo de las políticas extractivas de desarrollo aprobadas e implementadas por el anterior gobierno, y que fueron la antesala de la expulsión del ex presidente Evo Morales, como principal responsable del ecocidio. Por tanto, la deuda aún pendiente de la presidenta transitoria Jeanine Añez, con la sociedad civil, es la abrogación inmediata del llamado “paquetazo de normas ecocidas e incendiarias”, por ser un mandato nacional.

Cabe destacar, que la demanda para la abrogación de estas normas está respaldada por múltiples acciones realizadas desde la ciudadanía: cabildos nacionales, libros notariados con 18 mil firmas a la fecha, 250 cartas presentadas al Ministerio de Medio Ambiente y Agua, a la Presidenta Transitoria y la Presidenta del Senado, pronunciamientos de 30 instituciones técnico-académicas, propuestas de Proyectos de Ley Abrogatorios presentados por la dirigencia de pueblos indígenas de la Chiquitanía, directamente afectados en su producción y territorios y, una Ley departamental que declara “Pausa ambiental para conservar el patrimonio natural de Santa Cruz”, promulgada en septiembre de 2019, la cual establece la inmovilización de tierras en las zonas afectas de la Chiquitanía por los incendios.

A la fecha, el gobierno transitorio no ha dado atención a todas estas acciones, ni a las demandas de los sectores de la sociedad civil organizada y movilizada, a pesar de la gran amenaza que representa para los bolivianos enfrentar cuatro crisis simultáneas: catástrofe ambiental por megaincendios en tiempos de crisis sanitaria, crisis alimentaria, socioeconómica y climática.

El año 2020 se ha pronosticado, como un año de condiciones climáticas extremas,  favorables para mega incendios y sequías. En el mes de abril, el país registró la mayor cantidad de focos de calor en 10 años, a pesar de la declaración de Cuarentena Total, para contener la propagación del Coronavirus (COVID-19), en todo el territorio boliviano. La gráfica siguiente explica que precisamente Santa Cruz y Beni, ambos departamentos con el mayor número de casos de Covid-19 son precisamente lo lugares con más quemas de bosques.

La ciencia ha alertado ya sobre los efectos de la crisis climática que azota al planeta: incendios, inundaciones, tsunamis, temperaturas extremas, epidemias y otros, que están directamente ligados a la calidad ambiental y a la salud humana. Ante esta situación Bolivia se encuentra entre las regiones más vulnerables del mundo.

En este marco, la sociedad civil, en ejercicio de sus derechos y obligaciones (CPE, Art. 108. Num. 14), durante la “Segunda asamblea URGENTE por los bosques de Bolivia”, RESOLVIÓ:

1. Exigir que las autoridades del área: Presidentas de la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, así como Ministras de Medio Ambiente y Agua; y de Desarrollo Rural y Tierras cumplan con los mandatos de la Constitución Política del Estado, la Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral Para Vivir Bien (Ley 300), e impulsen la abrogación de las leyes y decretos incendiarios en el plazo de 15 días.
2. Interponer las acciones y recursos legales nacionales e internacionales para la revisión y revocación de la Ley Departamental N° 93 del 26 de noviembre de 2019 que aprueba el Plan del Uso del Suelo del Beni – PLUS-Beni y las leyes y decretos incendiarios.
3. Demandar ante tribunales al Comité de Bioseguridad y las autoridades responsables si autorizan nuevos eventos transgénicos en contra de los mandatos establecidos en la Constitución Política del Estado, la Ley Marco de La Madre Tierra y Desarrollo Integral Para Vivir Bien (Ley 300).
4. El agronegocio NO alimenta a los bolivianos. La producción de soya, urea o etanol no son rentables como apuesta nacional y atentan contra la seguridad y soberanía alimentaria.
5. Impulsar un nuevo Modelo de Desarrollo Sostenible y Sustentable, que incluya la generación de una nueva política productiva nacional que fortalezca la agroecología, la producción nacional campesina y a los pequeños productores; respetando el marco normativo que otorga derechos a la Naturaleza y que no viole derechos humanos ni derechos colectivos.
6. Conformar un Comité Ambiental independiente del Estado compuesto por expertos, activistas, sociedad civil, pueblos indígenas y campesinos.
7. Generación urgente de bancos de semillas nativas a nivel regional y nacional frente a la amenaza hacia nuestras semillas nativas, por la introducción de transgénicos, así como fomentar la agricultura urbana.
8. Exigir el cumplimiento de la inmovilización de tierras establecida por la ley forestal 1700, procesamiento a los autores materiales e intelectuales de los incendios del 2019 y el cumplimiento estricto de la pausa ambiental, para lo que es imperiosa una auditoria ambiental.

El video completo de la Segunda Asamblea Urgente por los Bosques de Bolivia se puede consultar en el siguiente enlace: https://www.facebook.com/NoMasEcocidioChiquitania/videos/561580934359764/ . En la página de Facebook: “No más ecocidio Chiquitanía” se anunciará la autoconvocatoria para la “Tercera asamblea urgente por los bosques de Bolivia”.

 

Fuente: Segunda Asamblea Urgente por los Bosques de Bolivia