El jueves 29 de junio entrará el vigor el nuevo Reglamento 2023/1115, de 31 de mayo de 2023, cuyo objetivo es impedir la comercialización en el mercado de la Unión Europea (UE) y la exportación desde la Unión de algunas materias primas y productos cuando estén asociados a la deforestación y la degradación forestal.
El reglamento parte de dos premisas. Por una parte, los beneficios ambientales, económicos y sociales que se derivan de los bosques, incluidas la preservación de la biodiversidad terrestre y la protección del sistema climático.
Por otra parte, el avance alarmante de la deforestación y la degradación forestal. Según la FAO, entre 1990 y 2020 se perdieron 420 millones de hectáreas de bosque en todo el mundo, una superficie mayor que la UE.
Además, casi dos tercios de las 227 personas defensoras del medio ambiente asesinadas en 2020 estaban trabajando para defender los bosques del mundo frente a la deforestación y el desarrollo industrial.
¿Qué exige el reglamento?
La norma se aplicará para seis materias primas: ganado bovino, cacao, café, caucho, palma aceitera, soja y madera. Y también incluye un conjunto de productos derivados, entre ellos la carne de bovino, el cuero, el papel impreso, el aceite de palma, la harina de soja, el chocolate, los muebles, los neumáticos y las prendas de vestir de caucho vulcanizado.
Establece que los operadores y comerciantes, antes de introducir productos en la UE, comercializarlos o exportarlos, deben presentar una declaración de diligencia debida que certifique que estén libres de deforestación y hayan sido producidos de conformidad con la legislación del país de producción.
Para ello, tendrán que aportar información y documentos relevantes, incluida la geolocalización de todas las parcelas de terreno donde se produjeron las materias primas que contiene el producto o que se han empleado para su elaboración, así como la fecha o intervalo temporal de producción.
También deben hacer una evaluación del riesgo de que los productos no sean conformes con el reglamento, atendiendo a distintos factores, como el nivel de riesgo asignado al conjunto o a alguna parte del país de producción, la complejidad de la cadena de suministro, la presencia de pueblos indígenas en el país de producción y la existencia de reclamaciones debidamente motivadas de los pueblos indígenas.
Por último, deberán adoptar procedimientos y medidas de reducción del riesgo para conseguir que este sea nulo o despreciable.
La Comisión Europea (CE) establecerá un sistema de evaluación comparativa de países que permitirá clasificar el nivel de riesgo de deforestación y degradación forestal en cada país, o región dentro de este, en los niveles de bajo, estándar o alto. Las exigencias de diligencia debida se modulan en función del nivel de riesgo.
El sistema de controles es menos exigente para los comerciantes que sean pymes.
Ampliación para praderas, turberas y humedales
Para el 30 de junio de 2024, la Comisión presentará una evaluación y propuesta legislativa para ampliar el ámbito de aplicación e incluir otras superficies boscosas, lo que puede ser muy relevante para biomas como las sabanas, como es el caso del Cerrado, en Brasil.
A más tardar el 30 de junio de 2025, la CE presentará otra propuesta legislativa para abarcar otros ecosistemas naturales, incluidas tierras con elevadas reservas de carbono y con un alto valor en términos de biodiversidad, como praderas, turberas y humedales.
Las citadas evaluaciones también contendrán un análisis sobre la posibilidad de modificar o ampliar la lista de productos derivados.
Esta norma europea se enmarca en un paquete de medidas que abordan distintos aspectos de los impactos de las actividades empresariales en los derechos humanos y el medio ambiente.
Todas estas normas, junto con los efectos extraterritoriales de diversas leyes sobre diligencia debida adoptadas o en proceso de adopción por distintos Estados miembros, obligarán a las empresas a entrar en una dinámica de rendición de cuentas públicas sobre su grado de respeto a los derechos humanos y al medio ambiente en sus operaciones en cualquier país del mundo.
Y, eventualmente, a asumir responsabilidades jurídicas y ya no solamente en su reputación, por los impactos negativos de sus actividades.
Este artículo se publicó originalmente en The Conversation.
Foto: Vista aérea de un gran campo de cultivo de soja en un terreno antes ocupado por la selva tropical en Brasil. Imagen: Frontpage / Shutterstock
