Ser niña, adolescente o mujer en América sigue siendo un riesgo que se refleja en las altas cifras de feminicidio, violencia física y sexual, en las desapariciones y en el nivel de impunidad hacia estos crímenes que se ha registrado a lo largo del continente en 2022.
Así lo destaca Amnistía Internacional (AI) en su nuevo informe sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, en el que, entre otros temas, se analiza el avance y retroceso en los derechos de las mujeres y personas LGBTIQ+ en veintidós países del continente americano, como la legalización del aborto en México y Colombia y su restricción en Estados Unidos y el aumento de los asesinatos machistas y la violencia sexual en niñas y adolescentes en algunos territorios.
Un 2022 violento para las mujeres en América
Según Marcela Villalobos, presidenta de la junta directiva de AI México, existe “un riesgo constante” para las mujeres y las niñas americanas de “vivir algún tipo de violencia” y de que esas violencias queden “en la absoluta impunidad”.
“El informe muestra que en Argentina se han reportado 233 homicidios por razones de género, en México hay entre 11 y 12 mujeres asesinadas todos los días y de las cuales una de cada tres se investiga como feminicidio. En Venezuela las organizaciones notificaron al menos 199 feminicidios entre enero y septiembre, así como en Uruguay, en Perú y en general en todos los países de la región las mujeres no estamos seguras”, menciona.
Países como Ecuador y Puerto Rico registraron las cifras de crímenes machistas más altas de los últimos años. El país andino cerró su año más violento con 412 asesinatos de mujeres, mientras que en el caso del país caribeño la cifra fue de 70 homicidios de mujeres por razón de género.
Colombia y Brasil también registran un alto número de feminicidios. El primero cerró el 2022 con 557 casos, mientras que en el segundo hubo 699 mujeres víctimas de feminicidio, el 62% de las cuales eran negras, según ha determinado la organización internacional.
“Las mujeres racializadas son constantemente violentadas, abusadas, víctimas de violación, entre otras violencias y que esto sigue siendo una constante, así como la violencia institucional”, agrega Villalobos.
La penalización del aborto y otras violencias
De Estados Unidos, Amnistía Internacional destaca la decisión de la Corte Suprema de poner fin a los mecanismos federales de protección del derecho al aborto al anular la sentencia de la causa Roe v. Wade. Tras esa decisión, “al menos un estado detuvo y procesó a una mujer que había asistido un aborto autogestionado”.
En Guatemala, el aborto seguía penalizado excepto cuando el embarazo pusiera en peligro la vida de la persona embarazada. El Congreso de este país archivó en marzo de 2022 una iniciativa para modificar el Código Penal para enjuiciar a quien abortara espontáneamente e imponer penas de prisión a quien promoviera el aborto o facilitara medios para realizarlo. Mientras que en Perú se presentó ante el Congreso un proyecto de ley que, de ser aprobado, pondría en peligro el acceso al aborto terapéutico.
Al menos dos mujeres permanecían encarceladas y seis se enfrentaban a procedimientos judiciales por cargos relacionados con emergencias obstétricas en El Salvador, pese a la sentencia emitida por la Corte Interamericana.
En Uruguay, donde el aborto es legal desde hace varios años, AI ha detectado que al menos 50 niñas y adolescentes menores de 15 años que habían quedado embarazadas en 2021 dieron a luz en el país. “La violencia y los abusos sexuales eran las causas de la mayoría de esos embarazos”.
La violencia sexual también es un problema que preocupa en Trinidad y Tobago, donde las mujeres que huían de la crisis humanitaria y de derechos humanos en curso en Venezuela “continuaban expuestas a un mayor riesgo de ser objeto de trata en la industria sexual, violación y otras formas de violencia sexual, explotación laboral y servidumbre por deudas”.
El asesinato de mujeres trans y personas de la comunidad LGBTI también ha encendido todas las alertas en varios países de la región.
El nivel de impunidad
El informe señala que en Bolivia, las sobrevivientes de violencia de género que acudían a la justicia carecían de protección efectiva contra las represalias.
En Argentina, los índices de enjuiciamiento contra agresores siguieron siendo bajos, y sólo el 15,5% de los casos denunciados dio lugar a sentencias condenatorias, según el Ministerio Público Fiscal.
Cuba, denuncia AI, sigue sin tipificar el femicidio como delito en el nuevo Código Penal, pese a las propuestas de las mujeres partidarias de esa medida. Mientras que en México, pese a su tipificación, varios casos quedan en la impunidad debido a que la Fiscalía no lleva a cabo investigaciones efectivas para encontrar y procesar a los feminicidas.
Villalobos señala que desde Amnistía Internacional “ven con preocupación” cómo el 8 de marzo los presidentes o presidentas dan discursos en torno al Día Internacional de la Mujer, “pero en la práctica vemos cómo en el presupuesto, un presupuesto que debería estar destinado justamente a estas desigualdades estructurales, se sigue privilegiando, como en México, estrategias como la militarización”.
Por Cristina Bazán / efeminista
Foto EFE/Oscar Rivera/Archivo
