Empresaria Boliviana denuncia bloqueo ilegal de sus cuentas en DPF en dólares y falta de justicia
En un testimonio muy sensible, Amelia Solórzano, gerente general de la empresa textil “Patra”, con 31 años de trayectoria, conversón con Radio Santa Cruz, y ha denunciado públicamente el calvario que vive. Solórzano acusa al Banco Mercantil Santa Cruz de haberle impedido, de forma arbitraria e ilegal, el acceso a sus propios fondos en dólares, obstaculizando así la importación de materia prima crucial para la continuidad de su negocio.
El Origen del Conflicto: Dólares Bloqueados y un Futuro Incierto
La pesadilla de la empresaria comenzó cuando el Banco Mercantil Santa Cruz se negó a autorizar transferencias en dólares a sus proveedores en el extranjero, argumentando una supuesta escasez de la divisa. Esto ocurrió a pesar de las declaraciones oficiales del entonces Ministro de Economía, quien aseguraba que el país contaba con suficientes reservas. La decisión del banco dejó a la empresa “Patra” sin la tela necesaria para continuar con su producción, poniendo en riesgo años de trabajo y la estabilidad de sus empleados.
La Búsqueda de Apoyo y la Decepción Institucional
Ante la negativa del banco, la empresa “Patra” buscó una solución conciliatoria, apelando a la buena fe de los directivos y luego, formalmente, ante la ASFI (Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero). Sin embargo, en un giro inesperado, la autoridad de fiscalización no solo no intervino a favor de la empresa, sino que, según Solórzano, se puso del lado del banco, presionando para que los fondos en dólares fueran «bolivianizados» y se recibieran en moneda local, una medida inviable para una empresa que depende de pagos internacionales.
Este calvario legal y financiero ha tenido un impacto devastador en la empresaria, quien confiesa que el estrés y la frustración la han llevado a sufrir problemas de salud mental, necesitando medicación y apoyo psicológico. Solórzano denuncia que, en lugar de recibir apoyo del Estado para superar la crisis económica, su empresa ha sido «boicoteada».
Una Batalla Legal Marcada por las Irregularidades
La situación se agravó con un acuerdo conciliatorio que, según Solórzano, está plagado de irregularidades jurídicas. A pesar de que los fondos de su depósito a plazo fijo eran exclusivamente suyos, el banco, con el aval de una juez, exigió la inclusión de su hijo en el acuerdo. Más grave aún, la juez ordenó que los fondos en dólares de su DPf fueran bolivianizados y depositados judicialmente, a pesar de que la ley establece que este tipo de depósitos son títulos valores que no pueden ser alterados.
La empresaria ha presentado denuncias ante el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Departamental de Justicia, pero hasta ahora, todas las puertas se han cerrado, incluso medios de comunicación masivos. La respuesta de las autoridades ha sido la de «invisibilizar» el caso, derivando la responsabilidad y negándose a investigar las flagrantes ilegalidades.
«Me pregunto por qué todas las autoridades a las que he acudido me invisibilizan y se vuelven mis agresores. ¿Por qué no hay justicia para Amelia?», se lamenta la empresaria, en una desgarradora declaración que resalta la crisis de valores y la impunidad que, según ella, impera en el sistema judicial boliviano.
La situación de Amelia Solórzano no es solo la historia de una empresaria en apuros, sino un claro ejemplo de los desafíos que enfrenta el sector productivo en un entorno de incertidumbre económica y legal, y un llamado de atención sobre la necesidad de una justicia independiente y transparente que proteja los derechos de los ciudadanos.
