El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la  Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) de la Organización de Naciones Unidas (ONU) expresó su preocupación por las condiciones de seguridad en que los defensores de derechos desarrollan sus actividades en Bolivia, en el informe sobre el tercer examen periódico del Estado Plurinacional de Bolivia.

“El Comité está preocupado por las condiciones de seguridad en que los defensores de derechos humanos desarrollan sus actividades, en particular en defensa de los derechos económicos, sociales y culturales, del medio ambiente y de los derechos al territorio y los recursos naturales”, dice el punto ocho de los 71 que contiene las 12 páginas del informe.

Este comité emitió sus observaciones finales sobre el tercer examen periódico del Estado Plurinacional de Bolivia en su 70º periodo de sesiones, desarrollado entre el 27 de septiembre y el 15 de octubre de 2021 en Ginebra, Suiza.

En el punto en relación a los defensores de derechos humanos, recomienda al Estado boliviano “adoptar una política integral de protección de los defensores de derechos económicos, sociales y culturales, que incluya medidas para prevenir ataques, en particular, contra pueblos indígenas”.

Además, insta a combatir la impunidad presentada en casos relacionados a los defensores de derechos, a través de la investigación de las “amenazas, actos de acoso, violencia y se asegure que sus autores sean sancionados”.

Para la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS), las y los defensoras de derechos son individuos, grupos e instituciones que promueven o procuran la realización efectiva de derechos humanos y libertades fundamentales.

Según el Informe de Situación 2020 presentado por el Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de UNITAS, el año pasado se presentaron un total de 20 casos de violaciones a los derechos de los defensores, siendo la obstaculización del trabajo de un defensor el de mayor número de casos (10 en total), seguido de la criminalización de un defensor (ocho) y la no protección en situación de riesgo de un o una defensora (dos).

Además, entre los defensores de derechos que sufrieron vulneraciones a sus derechos se encontraban los defensores del Parque Aguaragüe en Tarija, que denunciaron daños como consecuencia de las actividades extractivas en el lugar por parte de YPFB Chaco; también están el exdefensor del Pueblo, Waldo Albarracín, y su hijo, Franco, que recibieron amenazas de muerte. Otro caso que sobresale es el de la Fundación Tierra, que fue atacada con discursos estigmatizadores de parte del exministro Branko Marinkovic y su familia por denunciar una transferencia irregular de tierras.

“Las y los defensores de derechos son esenciales para la vigencia de la democracia y las políticas de mejora de las condiciones sociales y económicas. El trabajo de promoción y protección que realizan las y los defensores les coloca en una situación de vulnerabilidad y alto riesgo frente a los intereses estatales y privados”, destaca el Observatorio de Defensores de UNITAS.