El Subconsejo tsimane del sector Yacuma en la provincia beniana Ballivián denunció que continúan los avasallamientos presuntamente por comunidades de interculturales y se declaró en emergencia. Tres comunidades están en mayor riesgo.

El presidente del Suconsejo tsimane, Rosendo Merena, mediante un comunicado pidió a la comunidad internacional y a las autoridades nacionales llegar al lugar para comprobar los abusos que sufren por parte de comunidades interculturales.

“Ahora pedimos a organismos internacionales para que bajen con estas comisiones (…) todo esto es discriminación racial de los pueblos indígenas tsimanes”, aseguró Merena.

El dirigente volvió a expresar sus preocupación por el permanente acoso y amedrentamiento de personas ajenas al territorio, advierten que sus tierras están en permanente riesgo por la presencia de personas interesadas en los recursos naturales y maderables.

Tres comunidades en riesgo

Hasta media decena de corregidores se reunieron, en pasadas semanas, en la comunidad El Palmar para tratar de emergencia las agresiones por parte presuntamente de sectores interculturales, especialmente sobre tres comunidades: Río Grande, Palmira y Jatatal.

“Interculturales vinieron (…) ellos dicen nosotros vivimos ahí (solo) tres familias, tres nomás, en vano van a agarrar terreno grande, (dicen) que tres familias queremos agarrar terreno grande.

Nosotros no tenemos tres familias, somos varias familias, tenemos cementerio”; declaró Román, uno de los representantes de la comunidad Palmira.

Según relató en su propio idioma, los interculturales llegaron hasta su comunidad y les dijeron que tenían una resolución que les daba la propiedad sobre la tierra, y que las familias de esa comunidad debían irse a “otro lado”.

“Ya tenemos y ustedes en vano (están) trabajando, en vano nomás. Vinieron de aquí de Bajo Colorado (…) ellos tienen todos los documentos, pero nosotros ahí vivimos desde siempre en sector Yacuma”, reiteró el comunario de Palmira.

En la comunidad de Río Grande también hay preocupación porque están ingresando a su territorio personas ajenas presuntamente enviadas por Pedro E. y se están produciendo atropellos a la convivencia pacífica que tienen los indígenas.

INRA niega cualquier intento de desalojo

Además de los avasallamientos, el Subconcejo denuncia que existen órdenes de desalojo, en particular en la comunidad de Agua Salada; sin embargo, el INRA ha negado la existencia de esas disposiciones.

El director departamental del INRA Beni, Ramiro Ortiz, negó rotundamente que se hubieran notificado desalojo para alguna comunidad del pueblo tsimane, especialmente en el sector en conflicto.

“No es cierto, nosotros estamos en constante diálogo con el Subconcejo tsimane y con el hermano Merena. Estamos trabajando, hemos ido al lugar, la comisión de la dirección nacional. Estamos en un proceso de diálogo y también un proceso de análisis de recabar información real de campo, para buscar alternativas de solución”, aseguró Ortiz.

El director regional aseguró que no se tiene planeado ningún desalojo de alguna comunidad tsimane, ni en el sector en conflicto ni en otra parte del Beni.

“Es mentira que los van a desalojar, absolutamente no, sí tenemos otros procesos de desalojo normales en todo el Beni, pero sobre otros temas, ninguna comunidad tsimane será desalojada”, completó Ortiz.

A pesar de asegurar que no habrá ningún desalojo, el director departamental no negó que en estos momentos hay una controversia sobre la región, pero llamó al diálogo como una manera de solucionarla.

“Indicar a todos los beneficiarios solicitantes u otras comunidades que tengan problemas en tierras, que hay dos vías; en primer lugar, hay una vía conciliatoria, una vía del diálogo y de la conciliación, de hablar de reunirnos y buscar una solución, porque el punto importante y que nuestros pueblos indígenas nos enseñaron, es que el diálogo es primordial, la paz, el vivir bien”, sostuvo el director.

Y como segunda vía de solución, una vez agotada la vía del dialogo, aseguró que el INRA tiene la potestad de dirimir controversias.

“Agotando esta instancia en el proceso agrario, tenemos la parte legal, siempre nosotros estamos dispuestos a ir a cualquier hora a dialogar, sin embargo, en última instancia también estamos obligados a cumplir la normativa”, completó.

El director del INRA en el Beni aseguró que el proceso de saneamiento de tierras no está libre de errores.

“Siempre tenemos dentro del proceso de saneamiento en el Beni algunas dificultades, entonces en alguna forma alguien podía haber vulnerado su derecho, poco (o) mucho en algún porcentaje, pero en ese proceso sus comunidades por la forma de vivencia, diferente de los pueblos indígenas se podría no haber considerado por falta de información. Entonces, estamos llamados a solucionar cualquier tipo de problema en este caso, de estas comunidades podría haber alguna falencia en el proceso de saneamiento anterior. Todos estamos llamados a buscar una solución, como institución el INRA o las mismas comunidades (encontrar) unas alternativas de solución”, sostuvo Ortiz.

Fundación Tierra explicó que cuando se hizo el saneamiento de tierras las comunidades tsimanes y las más afectadas no fueron tomadas en cuenta, por lo tanto, esas tierras fueron declaradas “tierras fiscales”, pero que en realidad acaban siendo “tierra de nadie”, porque el Gobierno no ejerce su papel de regulador y protector de esos territorios.

En el mes de noviembre, Rosendo Merena y otros corregidores llegaron a esta ciudad para denunciar en la Defensoría del Pueblo las vulneraciones a sus derechos, tanto de acceso a tener un título de sus tierras, como el riesgo de ser desalojados de sus territorios donde siempre habitaron.

Por ANF

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