Una comisión especial de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Santa Cruz denunció que en un recorrido por el municipio de Roboré se halló comunidades y asentamientos fantasmas, incluso dentro del valle Tucabaca, que contarían con resoluciones administrativas emitidas por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).
“No están las personas, sino están solamente las comunidades en papeles, con resolución de asentamiento que han sido emitidas por el INRA; sin embargo, en el lugar no se encuentra nadie”, declaró la asambleísta departamental, Yelly Baldivieso.
La comisión conformada por miembros de las bancadas departamentales de Creemos, ASIP y Pueblos Indígenas, excepto el MAS, inició un recorrido por diferentes comunidades donde existen denuncias de asentamientos y avasallamientos de tierras.
“(También) vamos a ir al municipio de San José, tenemos previsto ir a Carmen Rivero Torres y estimo que la siguiente semana también podemos pasar por la provincia de Velasco”, informó Baldivieso. Desde la Asamblea cruceña informaron que el recorrido inició el pasado martes y los informes preliminares dan cuenta de los hallazgos encontrados.
Un primer hallazgo es que en el municipio de Roboré, a 490 kilómetros desde Santa Cruz hacia Puerto Suárez, se encontró una comunidad llamada 10 de Marzo en la que el INRA dotó 999 hectáreas de tierras a 30 familias, pero ninguna se encuentra en el lugar a pesar que pasó cuatro años, según el asambleísta Iván Quezada, quien preside esta comisión especial.
“Lo más grave es la detección que hemos tenido de tres comunidades dentro del valle de Tucabaca acá en el área protegida y ahí es donde la población va a reaccionar y va pedir que se anulen estas resoluciones. Solamente existe una lista de beneficiarios, una lista de familias y no son familias del lugar, pero son beneficiadas con tierras”, denunció Quezada.
Por su parte, la asambleísta Aida Gil denunció que se ha identificado vestigios de comunidades abandonadas, pero que cuentan con resolución del INRA. “Hemos encontrado enseres y herramientas botadas que evidencian un completo abandono y no sabemos para qué las van a utilizar “afirmó.
La conformación de la Comisión Agraria Departamental (CAD) de Santa Cruz, sin el INRA, y el anunció de fiscalización a la dotación de tierras en el oriente del país pusieron en alerta al Pacto de Unidad, una fuerza conformada por organizaciones afines al MAS, y nuevamente se declararon en emergencia.
En una conferencia de prensa, pidieron al Gobierno central incorporar mecanismos legales y constitucionales para fijar como máximo la dotación de tierras con un límite de 1.000 hectáreas para la producción agropecuaria de los pueblos indígenas.
Asimismo, desde otras comunidades como Eben Ezer denunciaron que el INRA pretende desplazar a personas oriundas en San Ignacio de Velasco varios kilómetros más adentro, para priorizar a “avasalladores”. Incluso denunciaron persecución a caciques del lugar.
Por ANF
