El Acuerdo de Escazú marcó un hito en América Latina, al ser el primero que protege a las personas que defienden el medio ambiente y los derechos humanos. Fue aprobado en 2018 por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y entró en vigencia hace dos años.
Sin embargo, su implementación, así como la participación activa de los países y la ciudadanía en sus procesos, es todavía un trabajo en curso.
El Acuerdo de Escazú está abierto a los 33 países de América Latina y el Caribe, de los cuales 25 lo han firmado, pero sólo 15 lo han ratificado desde entonces.
Incluso después de la ratificación, nada garantiza aún su cumplimiento. Por ejemplo, una concesión minera otorgada recientemente en Panamá, uno de los primeros signatarios del acuerdo y que lo ratificó en marzo de 2020, habría ignorado las directrices de consulta pública establecidas en sus términos, sin informar a los ciudadanos antes de la aprobación del proyecto.
En medio de este tipo de situaciones que generan incertidumbre en la población, se va a realizar la segunda reunión de la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú, en Buenos Aires, Argentina, entre el 19 y 21 de abril. Esta reunión ha generado expectativa, pero ¿qué tiene que suceder para que el Acuerdo sea efectivo?
Avances lentos
Desde abril de 2021, fecha de entrada en vigencia del Acuerdo de Escazú, se busca garantizar la implementación de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública y acceso a la justicia, en todos los países. Sin embargo, desde entonces, solo tres han ratificado el pacto: Chile, Belice y Granada.
En la misma línea que Costa Rica, el Acuerdo fue firmado por Brasil durante el gobierno de Michel Temer en 2018. Sin embargo, su sucesor Jair Bolsonaro, desmanteló las normas e instituciones de protección ambiental establecidas en las últimas décadas. Recientemente más de 140 organizaciones en dicho país enviaron una solicitud al ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Lula para solicitar la ratificación.
En el caso de Perú, el expediente del Acuerdo no llegó siquiera a su discusión en el pleno del Congreso, a pesar de que el país fue firmante en 2018. La propuesta fue archivada en dos periodos parlamentarios por la Comisión de Relaciones Exteriores al considerarla innecesaria, y la polarización en torno al tema se mantiene.
En Colombia, país que lidera el ranking de defensores ambientales asesinados, la situación dio un giro cuando el actual gobierno de Gustavo Petro ratificó el Acuerdo en octubre de 2022. Ahora se espera el pronunciamiento confirmatorio de revisión del tratado por parte de la Corte Constitucional de dicho país.
Para Laura Santacoloma, coordinadora de Justicia Ambiental de la organización no gubernamental Dejusticia, “Escazú llega en un momento de alta conflictividad en Colombia y ayuda porque visibiliza el problema. Es una oportunidad para fortalecer lo que existe, pero sin una política de paz consolidada puede ser difícil”.
Santacoloma también resalta la importancia de la promoción del acceso a la información por parte de Escazú: “Estamos en un momento en el que empieza a gestarse una mejora en el acceso a la información ambiental, ya que se necesita información clara y oportuna para promover la participación de la gente”.
Los expertos consultados señalan que Escazú marca un avance a nivel de coordinación regional, pero se necesita de su ratificación y que los Estados mejoren e implementen políticas ambientales en sus propios territorios.
Por Diálogo Chino
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