El Juzgado de Sentencia Penal Primera de Riberalta condenó al exdirigente cívico Katriel Muller por acoso y violencia política contra la concejala Soraya Destre.
La sentencia fue dictada el martes 29 de agosto y se constituye en la cuarta condena por acoso y violencia política contra mujeres en Bolivia, desde la promulgación de la Ley 243.
“Sin embargo, la lectura íntegra de la sentencia se realizará este viernes a las 18h00, en el Juzgado de Sentencia Penal Primera de Riberalta”, informó la Defensoría del Pueblo.
En este caso, la Defensoría del Pueblo realizó un acompañamiento a la denunciante, sobre todo después de que su caso fuera rechazado por el Ministerio Público, pese a las pruebas presentadas en diciembre de 2021.
Destre denunció que fue víctima de acoso y violencia política por parte del exdirigente cívico de Riberalta, por haber manifestado su “oposición a usar presupuesto del desayuno escolar para la compra de una planta de oxígeno”.
A partir de ese momento, la concejala fue víctima de amedrentamiento e incluso sufrió agresiones físicas, mientras que el excívico Muller pedía abiertamente su renuncia ante los medios de comunicación.
Tras conocer la sentencia condenatoria, Destre exhortó a las mujeres a no callar y denunciar la violencia política.
“Pido a todas las mujeres autoridades que son víctimas de violencia, que no se callen, que denuncien y cuando estas no sean recibidas por el Ministerio Público, que recurran a la Defensoría del Pueblo, ellos están prestos a servir, a orientar en cómo seguir el proceso, porque lamentablemente cuando nosotras, como mujeres somos víctimas, generalmente todo mundo piensa que es normal tratar mal a una mujer, agredir verbalmente a una mujer y no es así”, reflexionó.
La Coordinadora Regional Defensorial de Riberalta, Deysi Riveros, destacó la emisión de esta sentencia, así como el abordaje del juzgado a cargo del caso, que asumió el proceso con una perspectiva de género.
“Desde la Defensoría del Pueblo hacemos un llamado a las autoridades mujeres para denunciar cualquier vulneración de sus derechos humanos y políticos”, señaló Riveros.
Sentencias
El 12 de febrero de 2021, el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz sentenció con dos años de privación de libertad a Rafael “Tata” Quispe en el proceso iniciado por Felipa Huanca por el delito de acoso político.
El 26 de octubre de 2022, el Juzgado de Sentencia Segundo de Quillacollo dictaminó sentencia de tres años de cárcel en contra del exasambleísta departamental de Cochabamba, Arturo Vegamonte, por acosar políticamente a la asambleísta María Patzi.
El 2 de junio de 2023, el juez Jorge Alcoba dictó tres años de prisión para el concejal de Villamontes, Marco Antonio Espíndola, por el delito de violencia política en contra de la concejala Norma Hidalgo.
Ley 243
De acuerdo con la Ley 243, se define como violencia política a los “actos de agresión física, psicológica o sexual cometidos por una persona o grupo de personas contra mujeres candidatas, electas, designadas o en ejercicio de la función político – pública, o contra sus familias, que afectan su integridad física y psicológica, el cumplimiento de sus funciones y el ejercicio de sus derechos”.
En tanto, el acoso político puede ser cualquier “acto de presión, persecución, hostigamiento o amenazas cometido por una persona o grupo de personas, militantes o no, contra mujeres candidatas, electas, designadas o en ejercicio de la función político – pública o contra sus familias”.
Por ABI
