El departamento de Santa Cruz es nuevamente el más afectado, se habla ya de más de 500 mil hectáreas y más de 20 incendios forestales, que han llegado incluso a tres áreas protegidas cruceñas: el Parque Nacional Noel Kempff Mercado, el ANMI San Matías y el área protegida municipal Copaibo.

Una de las causas apuntadas para este desastre fue un paquete de normas llamadas “incendiarias” por activistas medioambientales, la principal de ellas el decreto 3973, que dio luz verde para que, en los departamentos de Santa Cruz y Beni, se autorice el desmonte y quema supuestamente «controlada» de bosques, para actividades agropecuarias en tierras privadas y comunitarias.

Norma aprobada en el mes de julio del año pasado por el ex presidente Morales, que finalmente fue abrogada recientemente por la presidenta interina, Jeanine Añez, medida que llega a destiempo y forzada por el desastre que se está registrando nuevamente en varios puntos de la Chiquitania, según los ambientalistas, para ellos incluso se trata de una medida netamente electoralista, considerando que la abrogación de ésta y otras normas fue demandada desde hace mucho tiempo, incluso hay una acción popular en contra del gobierno actual para la abrogación de estas normativas.

De cara a las elecciones nacionales previstas para el 18 de octubre, activistas esperan un cambio real en las políticas medio ambientales del nuevo gobierno, como el caso del bombero voluntario Diego Suárez, para quien el nuevo gobierno debe diseñar políticas de desarrollo realmente sostenibles, fomentando principalmente el turismo.