“Como humanidad, estamos toxificando o envenenando el planeta, haciendo un gran experimento con nuestra salud e impactando sobre los derechos humanos”, asegura a EFE el relator especial de Naciones Unidas sobre tóxicos y derechos humanos, Marcos Orellana, quien es tajante al afirmar que la contaminación traspasa fronteras.
El relator especial de Naciones Unidas sostiene que en muchos lugares la gente “está lidiando con la falta de servicios esenciales”, lo que representa “a nivel individual una negación sistemática y de largo alcance de los derechos humanos”, algo que sucede “a diferentes escalas a nivel regional”.
Y aparte de tener que soportar la falta de servicios esenciales como el agua y saneamiento o un medio ambiente limpio y seguro, en algunos lugares soportan la contaminación de los escasos medios disponibles.
Ya existe “evidencia científica” de los perjuicios para la salud causada por la contaminación, asegura, porque “muchos químicos están alterando los sistemas reproductivos de los humanos, los sistemas endocrinos…”.
Esta situación representa un “impacto sobre los derechos fundamentales como el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a vivir en un medio ambiente sano”.
“Son problemas significativos y que deben ser abordados” en todo el mundo, apunta, porque “no son problemas locales, son regionales y mundiales”.
Derecho universal a un medioambiente sano
El 28 de julio de 2022, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó con 161 votos a favor, cero en contra y ocho abstenciones la resolución por la que se reconoce el derecho al medio ambiente sano a nivel mundial.
Esta declaración cambia la naturaleza misma del derecho internacional de los derechos humanos, aseguró el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, y subrayó que la declaración servirá para garantizar “un medio ambiente limpio, sano y sostenible como derecho humano universal”, para luchar contra el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación.
La presión de las multinacionales contaminantes
Otro de los aspectos a subrayar, dice, y que “funciona como un mal endémico en todos los países en vías de desarrollo, es cómo la presión de las empresas, de las multinacionales, de las corporaciones contaminantes se sigue ejerciendo”.
En Sudáfrica, asegura, investigó en profundidad el caso de la importación de “desechos peligrosos con mercurio” que contaminó el área de Durban, la tercera ciudad y uno de los destinos turísticos del país.
En opinión de Orellana, esos residuos “debían ser tratados y recuperados, pero como sucede en muchos casos, la falta de instalaciones y capacidades llevó a una acumulación continuada de los mismos en un lugar”, y a pesar de ello, “la empresa continúo importando”.
“El resultado fue desastroso”, asevera, por la “contaminación de las aguas con mercurio, la exposición de trabajadores -tres de los cuales murieron- y el paso de casi 30 años hasta que el Gobierno y la empresa llegaron a un plan para solucionar el problema, cuando los residuos fueron finalmente trasladados a Suiza para su tratamiento”.
Este “no es un caso aislado, sostiene, sino que da cuenta cómo los países industrializados veían en el continente africano el lugar para el vertido de sus desechos peligrosos”.
Orellana asegura que a pesar de las “buenas intenciones de algunos gobiernos para enfrentar los desafíos, se ven obstaculizados por falta de recursos” y en “muchas ocasiones son las empresas las que terminan autorregulándose, lo que, en definitiva, en muchos casos lleva una falta de ejecución efectiva de las leyes y a una impunidad frente a la contaminación”.
Por EFEverde