Freedom House, que promueve la defensa de los derechos humanos, políticos y las libertades civiles en 35 países de las Américas, ha publicado su informe de este año en el que ubica a Bolivia en el grupo de países “parcialmente libres”.
“Desde hace 17 años, los derechos civiles y políticos se siguen deteriorando, y la democracia en general está sufriendo abusos perpetrados por el poder, que se utiliza para debilitar los pesos y contrapesos”, dijo el boliviano Gerardo Berthín, vicepresidente de ese organismo, en un reciente debate organizado por el Ceres que se centró en la calidad de la democracia en Bolivia y América Latina y en los riesgos que corren quienes defienden los derechos humanos.
Freedom House lleva operando 80 años en Estados Unidos investigando los derechos humanos y libertades, del cual emite un informe anual, este año fue el número 50. Hoy analiza la situación de 195 países.
A nivel de América Latina, el índice incluye a 35 países, entre ellos EEUU, Canadá y las islas del Caribe. De estos 35 países, 23 son clasificados como libres, entre los que se encuentran Chile, Costa Rica, Canadá y EEUU; hay ocho países “parcialmente libres”, entre los que se encuentra Bolivia, El Salvador y Guatemala y cuatro países no libres, que son Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití.
“Hemos visto algunos declives importantes en este 2023 en la región, particularmente en Brasil, Ecuador, Haití y Guatemala. Pero uno de los países que subió seis puntos en su índice fue Colombia, por la pacífica transición de gobierno a un líder outsider y por el fortalecimiento del derecho de reproducción en las mujeres”, destaca Berthín.
Para analizar esta problemática, Carmen Beatriz Ruiz, comunicadora social y activista por los derechos humanos, respondió consultas de Página Siete para analizar concretamente el caso boliviano.
Ante la reciente toma de la APDHB, la situación de los presos políticos (Jeanine Añez, Camacho y otros), y muchas otras violaciones a las libertades individuales y colectivas, ¿cómo evalúa la situación de los DDHH en el país? ¿Estamos indefensos?
La situación de los derechos humanos en el país, principalmente los políticos, se ha ido deteriorando paulatinamente desde el anterior gobierno, y durante el actual no se hace nada por frenar ese deterioro. Al contrario, hay silencio, inercia y complicidad. Los casos de la expresidenta Jeanine Añez y del gobernador Fernando Camacho reciben más atención de los medios, pero en la historia reciente y en la actualidad hay muchos otros casos más. Estamos ante un escenario que puede ser perfectamente catalogado como de “judicialización de la política”. A esto no se puede dejar de añadir la situación endémica de retardación de justicia, con el 80% de personas privadas de libertad sin proceso ni sentencia, ante el abuso de la prisión preventiva, y un sistema judicial que por corrupción, cooptación política e inoperancia es conocido como uno de los peores ejemplos en la región.
¿Es Bolivia un país libre y democrático? Según un informe de Freedom House se nota un deterioro constante de estas libertades en 35 países de las Américas y el Caribe, entre ellos Bolivia. Ese organismo señala a los detentadores del poder como los principales responsables del deterioro democrático.
Nuestra democracia es frágil y lo avanzado en los últimos 30 años se está cayendo a pedazos. No cabe duda que la responsabilidad del deterioro de los derechos y garantías recae sobre quienes transitoriamente están administrando el Estado. Coincido con la apreciación del deterioro constante de las libertades y otros derechos políticos.
Bolivia está, según Freedom House, entre los ocho países “parcialmente libres”, ¿a qué cree que se debe esa clasificación?
Se debe a los criterios con que Freedom House analiza la situación de los países y determina esa calificación: inseguridad jurídica, deterioro de las libertades civiles y coerción de los derechos políticos, fragilidad institucional en el sistema judicial, entre otros.
¿Cómo ve las libertades civiles como la libertad de prensa, el derecho a la libre expresión?
Hay evidencias de ataques a la libertad de prensa y el derecho a la libre expresión. Cabe hacer notar que desde el gobierno de Evo Morales se implementó una política agresiva y sostenida de disminuir e incluso cortar contratos de propaganda estatal en medios masivos de comunicación (una forma de coerción, por supuesto) y, al mismo tiempo, una estrategia de creación de medios propios y de redes mediáticas (periódicos, emisoras radiales y algunos programas de televisión con sus conductores actuando como portavoces del gobierno), principalmente vinculadas de manera directa al gobierno y a sus bases políticas. Muchas radios que recibieron este tipo de apoyo o fueron creadas bajo el ala de ciertas organizaciones sociales funcionaron como repetidoras de los discursos emitidos desde el gobierno, y sin apoyo ni preparación comunicacional y logística languidecieron al poco tiempo, sus instalaciones están vacías y sus equipos deteriorados.
¿La violación de los derechos humanos es común en regímenes populistas, sean éstos de derecha o izquierda, y autoritarios?
Sí, es parte de sus estrategias. La peor de ellas es la cooptación vertical y autoritaria de organizaciones sociales a través de acciones de prebenda que llevaron al empobrecimiento de su discurso, de su acción y de su propia identidad. En general, hay una compulsión, diríamos que “natural” de los partidos y movimiento políticos a copar la dirección de las organizaciones sociales, pero el Movimiento Al Socialismo ha llegado al extremo de anular sus agendas propias y diluir sus identidades. Esto contribuye enormemente al empobrecimiento de la acción política pública y de los liderazgos.
¿Qué rol está cumpliendo (o debería cumplir) la Defensoría del Pueblo?
Lamentablemente la Defensoría del Pueblo no está cumpliendo con su labor (por mandato constitucional le corresponde de velar por la garantía y defensa de los derechos humanos en el país), ya que fue tempranamente cooptada por el proyecto político del Movimiento Al Socialismo. Por ello desde la selección y nombramiento de sus titulares y suplentes obedece a esos intereses. Los casos más patéticos son los de David Tezanos Pinto, Nadia Cruz y Pedro Callisaya.
¿Qué salidas ve usted a futuro en el tema de las garantías y derechos constitucionales en el país, ante un régimen que muestra cada vez más rasgos autoritarios?
La principal salida es en primer lugar la acción ciudadana civil y pacífica que puede expresarse de distintas formas y a través de diversos canales: ejercer y defender la libertad de expresión en todos los espacios posibles, en la misma medida la capacidad de movilización y articulación de expresiones sociales independientes, participar en espacios políticos partidarios de oposición y orientarlos a la demanda y defensa de las garantías constitucionales, entre otras acciones. Nos quieren hacer creer que la política y, por tanto, las y los políticos son intrínsecamente malos; esos prejuicios parecen llegar especialmente a la juventud. Creo que debemos luchar contra esos prejuicios y rescatar la acción política como un derecho y una obligación ciudadana.
Espacios democráticos recortados
El abogado Juan del Granado, principal impulsor de la acción ciudadana para reformar el sistema judicial, también participó del debate.
“Vivimos hace 16 años en un sistema autoritario que ha recortado el espacio democrático de manera progresiva, en los ámbitos más sensibles, en las garantías y derechos constitucionales, en el Estado de Derecho cuyo principal componente es la independencia de poderes, especialmente del judicial, que debería ser el guardián de la Constitución y de los derechos constitucionales, que resumen los derechos humanos”, opinó el jurista.
En su criterio, esta situación ha devenido en un peligroso silenciamiento de la sociedad, se han anulado alternativas políticas y se han neutralizado niveles de oposición desde la propia sociedad. “La intolerancia y la polaridad política ha generado una situación de blanco y negro, donde la polaridad le favorece al Estado y al gobierno y desfavorece a voces contestatarias de la sociedad que no acaban de desplegar su potencial porque se encasillan en uno y son anuladas”.
Del Granado sostiene que estas limitaciones son progresivas en la medida en que las causas que asume la sociedad no se cristalizan. “Hay movimientos ciudadanos significativos en el medio ambiente, en la equidad de género, en los derechos civiles, organizaciones como la ADH, pero al mismo tiempo hay niveles estatales absolutamente cooptados y subordinados, el Parlamento es uno de ellos. La Defensoría del Pueblo, al igual del Órgano Judicial, debería ser independiente, pero no lo es y éstos contribuyen al despliegue autoritario y al temor de la sociedad”, opina.
Y agrega que “estamos en un momento que puede caracterizarse por un agravamiento del deterioro del Estado de Derecho, de la consolidación de la visión autoritaria gubernamental y de la falta de horizontes alternativos”.
Los movimientos ciudadanos, si no tienen efecto estatal, se diluyen, por lo que se consolida, en esta visión autoritaria, la subordinación de la sociedad con respecto al Estado, subordinación que puede malograr perspectivas políticas alternativas en el corto plazo: “para 2025 no se vislumbra una alternativa seria, democrática que enfrente al autotiranismo”.
“Hay una visión pesimista y no veo muchas luces para el optimismo. La posibilidad de un avance está en la generación de nuevos liderazgos”, cierra Del Granado.
Las recomendaciones de Freedom House pasan por la renovación de los sistemas institucionales, mayor independencia en los pesos y contrapesos, y reforzar la libertad de expresión, una de las áreas que muestra mayores deficiencias; 157 países de los 210 que analiza esa entidad han experimentado deterioro en la libertad de expresión.
Por Fernando Chávez Virreira, tomado de Página Siete.
