El proceso de consolidación de las autonomías indígenas es lento debido a la burocracia que existe en todos los niveles estatales, pues la lógica con la que se rigen municipios, gobernaciones y el propio estado, difiere ampliamente con la forma en que los territorios indígenas conciben su autodeterminación.
Así lo afirmó Juan Pablo Marca, politólogo e investigador del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), institución que acompaña los procesos de consolidación de autonomía indígena en los territorios de Lomerío, Multiétnico y Cavineño.
Según Marca, a nivel nacional existen 24 procesos autonómicos activos, 13 de base territorial y 11 de conversión municipal, otros casos fueron dados de baja. Entre de 10 y 14 años como mínimo es el tiempo que los pueblos indígenas “peregrinan” para poder consolidar su autonomía, esto debido a los largos trámites que deben realizar, pero además a esto se suma que los técnicos -responsables de verificar el cumplimiento de los requisitos autonómicos- desconocen la realidad indígena.
“Es muy preocupante los requisitos que tienen que cumplir los pueblos indígenas que quieren acceder a esta nueva forma de gobierno, porque tienen que sufrir peripecias. Hay una excesiva burocratización de estos trámites. Además, los mismos técnicos de esas instancias, responsables de verificar el cumplimiento de los requisitos para consolidar como autonomía, no entienden la lógica, la dinámica de los pueblos indígenas”, dijo.
Autonomías en aplicación
Marca señala que actualmente existen seis procesos de autonomía indígena en vigencia o aplicación que han cumplido los nueve pasos que exige la Ley Macro de Autonomía: dos son de base territorial, Raqaypampa (Cochabamba) y Jatun Ayllu Yura de (Potosí). Las autonomías originarias de Charagua Iyambae y Kereimba Iymbae son de conversión municipal, y, finalmente, las autonomías Indígena Originario Campesina Uru Chipaya y Salinas (Oruro) también son de conversión municipal.
En ese sentido, señala el investigador, existe el gran desafío para estos gobiernos indígenas dentro de la gestión pública porque tienen que adecuarse a la lógica de administración ya sea municipalista o departamental donde tienen que rendir cuentas.
“En muchos de estos municipios las empresas que cumplen algún servicio no tienen NIT y ¿cómo podrían rendir cuentas? Ahí el desafío es que se pueda promulgar una ley de gestión pública intercultural que flexibilice digamos esos trámites que pide el Estado”, resaltó.
Por otro lado, Marca destaca la capacidad de los técnicos que deben tener estos gobiernos indígenas autónomos , ya que muchos de éstos están en un proceso de aprendizaje y hay algunas dificultades en cumplir las competencias que tienen.
Por ANF
Foto. Territorio Indígena Multiénico